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Estudios comparativos
Memorándum de los Consumidores
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Seminario Internacional en Toledo
Consolidación del diálogo con Europa

A poco más de un año del primer encuentro, representantes de unas cincuenta organizaciones de consumidores de Europa, América Latina y el Caribe, volvieron a reunirse, esta vez en Toledo, España, en abril pasado.

Los acuerdos de esta reunión, quedaron plasmados en un documento llamado Memorándum de los consumidores, dirigido principalmente a los ministros de Consumo de la Unión Europea y de América Latina. Estos, -reunidos semanas más tarde en Santiago de Compostela- respaldarían en gran medida los planteamientos de las asociaciones.

El primer encuentro del Diálogo Eurolatinoamericano de los Consumidores, se realizó en 2001 en Cartagena de Indias, Colombia. Allí se aprobó un plan de acción que incluyó la elaboración de estudios específicos, además de talleres y actividades de seguimiento hasta 2003.

Consolidando la continuación de ese diálogo, lo primero que se hizo en Toledo fue conocer los resultados de las investigaciones sobre Protección Jurídica, Servicios Públicos y Alimentación, realizadas por grupos de ambas regiones, aunque con un claro liderazgo latinoamericano.

El seminario, efectuado desde el 22 al 24 de abril, fue organizado por la oficina regional de CI y el Instituto Nacional de Consumo de España, con el apoyo del Ministerio de Sanidad y Consumo de ese país y de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.


El doble estándard

La creciente presencia de transnacionales europeas en América Latina, en particular las de servicios públicos, así como el doble estándar de calidad que aplican en la región, fue destacado por varios participantes del seminario. Una de sus consecuencias, es el desplazamiento de las empresas locales, lo que deriva en una mayor influencia de esas corporaciones en las políticas públicas, y en más presión sobre los órganos reguladores, de acuerdo a Américo García, de la Unión de Usuarios y Consumidores de Argentina. “Telefónica ha sido sancionada en seis u ocho ocasiones en España por órganos de competencia; en Argentina, nunca”, señaló.

La aparición de empresas multiservicios también es motivo de preocupación; por ejemplo, aquellas que ahora no sólo son generadoras de energía sino, además, dueñas de las fuentes de agua. “Estas empresas podrían transformarse en un problema para las democracias latinoamericanas”, dijo García, que abogó por una mayor independencia de los Estados, y por poner el interés colectivo por sobre los intereses sectoriales.

Por otra parte, se reafirmó que la seguridad alimentaria es un tema global, debido a la interdependencia de los mercados de América Latina y Europa y a las cadenas de producción y consumo mundiales. Y para que las políticas de consumo operen a nivel global, se requiere una legislación y una regulación estrictas, así como transparencia y, otra vez, eliminación del doble estándar.

“Es necesario que dejemos de ser considerados como consumidores de segunda clase”, dijo Sezifredo Paz, experto del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor. Las políticas alimentarias aprobadas a nivel internacional, deben ser aplicadas no sólo a las exportaciones, sino también a los alimentos de consumo interno, agregó. “En 1999, cinco antibióticos fueron prohibidos en Europa, mientras en Brasil y en otros países continuaban comercializándose”, agregó Paz, al proporcionar otro ejemplo de doble estándar.


Contribución a la democracia

La educación de los consumidores fue considerada central en el desarrollo de políticas hacia los consumidores, y apreciada como una contribución a la democracia y al desarrollo sustentable. Se destacó, además, el papel de las redes como instrumentos esenciales tanto para las asociaciones de la Unión Europea (UE) como de América Latina y el Caribe, y se recomendó consolidar su espacio dentro del movimiento de consumidores.

El seminario -que llamó a fortalecer la participación del movimiento de consumidores en el debate educativo mundial- propuso la creación de una escuela virtual con elementos presenciales para docentes, educadores populares, y dirigentes de organizaciones de ambas regiones. Además, sugirió crear un banco de datos con las experiencias alcanzadas por la UE y América Latina y el Caribe en la temática.

Varias experiencias de países de la región fueron dadas a conocer en Toledo. Entre ellas, actividades educativas vinculadas a la ciudadanía (El Salvador); otras, orientadas a la formación de docentes de las Escuelas Asociadas a UNESCO (Ecuador, Nicaragua, Uruguay), algunas buscando incorporar el tema en la enseñanza escolar formal (Brasil, Chile, Argentina), o realizando proyectos educativos -análisis publicitario, ferias y exposiciones- (Perú); y experiencias académicas, como los cursos de postgrado en Consumo Sustentable dictados en La Habana.

La educación del consumidor es un motor clave del desarrollo del movimiento de consumidores, dijo Nieves Álvarez, experta en el tema y ex Directora de la Escuela Europea de Consumo. La información no basta, agregó: “sólo hacen un buen uso de ella, quienes han vivido previamente un proceso de educación”.


La resolución de disputas

Consolidar el diálogo entre consumidores y empresarios, homologar leyes, y buscar mecanismos efectivos para resolver disputas rápidamente, fueron algunas de las recomendaciones que se hicieron en esta área.

Manuel Fernández Allende, experto en el tema y ex Procurador de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), de México, expuso sobre el mecanismo de la conciliación, provisto de trámites simples y sumarios. “Con sólo celebrar audiencias de conciliación se logra avenir a las partes, formalizándose esta avenencia con la suscripción de un convenio de cumplimiento forzoso”. En México, se ha implementado el procedimiento de conciliación inmediata, que se encuentra “debidamente certificado en el marco de los estándares internacionales de calidad como lo es el sistema de aseguramiento que establece la ISO-9002”. El 93% de los reclamos de los consumidores en 2001 fueron resueltos por esa vía en ese país.

Odile Etiénne, de la Unión Federal de Consumidores de Francia, consideró que el acceso a la justicia se puede abordar también desde la perspectiva de la prevención, “lo que significa tener herramientas para prevenir las disputas y para hacer los mercados seguros para los consumidores”. Lo primero, dijo, es la existencia de normas de protección a los consumidores y luego, hacerlas realmente efectivas. “Antes de tener buenas normas, es necesario asegurar que éstas sean efectivas y tener control sobre su aplicación”.


Responsabilidades compartidas

El seminario estableció claramente que el consumo sustentable es una responsabilidad compartida entre consumidores, proveedores, empresas y gobiernos.

“El consumo contribuye claramente al desarrollo humano cuando aumenta la capacidad y enriquece la vida de la gente sin afectar negativamente el bienestar de otras personas”, dijo Roxana Salazar de Alerta-Ambio, Costa Rica. Pero, “el consumo actual ocurre en desmedro de los recursos, y exacerba las desigualdades. Se está acelerando la dinámica del nexo consumo - pobreza – desigualdad - deterioro ambiental”.

El consumo sustentable debe ser considerado urgentemente por los gobiernos, señalaron las conclusiones del Seminario. Estos deberían elaborar políticas prioritarias hacia los recursos hídricos, el uso racional de la energía, y levar a cabo una adecuada gestión de los desechos. Paralelamente, se recomendó difundir las Directrices sobre Consumo Sustentable y el desarrollo de sistemas de certificación.

Se anunció que el grupo técnico creado luego del inicio del Diálogo en Cartagena, ha avanzado en la formación de alianzas entre ambientalistas y consumidores, así como en la identificación de las áreas básicas en las que debe basarse la educación ambiental.

Al concluir, hubo un importante reconocimiento al trabajo de la oficina regional de CI, pues se recomendó seguir su ejemplo a la Unión Europea, señalando los estudios realizados por los proyectos Consumidores y Servicios Públicos, y Consumidores y Mercado Global de esta oficina.


Dolores Flores, Directora General de Salud Pública y Consumo:
Debemos tener mayor influencia

“Los consumidores debemos tener un peso mayor para influir en las decisiones”, dijo Dolores Flores, quien es también Vicepresidenta del Instituto Nacional de Consumo. Llamó a cambiar las formas de trabajo, y a influir sobre la toma de decisiones para que no sean sólo los productores los que impongan las reglas del juego, sino también los consumidores en pro de ventajas para el conjunto de la sociedad.

Pidió hacer un esfuerzo en torno al ordenamiento jurídico. “Hay que buscar mecanismos más rápidos para informar a los consumidores”, propiciar la concertación y el diálogo con los empresarios, fomentar Códigos de Buenas Prácticas, y hacer un seguimiento para saber cómo operan, propuso.


José Vargas Niello, Director Oficina para América Latina y el Caribe de Consumers International:

“En América Latina hay 210 millones de pobres, casi el 50% de la población. Noventa millones de ellos son indigentes; la mayoría mujeres jefas de hogar, jóvenes y niños”. Otro signo: “sólo en educación, los países de la OCDE gastan más de 20 veces que nosotros”.

“Para mantener la esperanza de que la globalización traiga beneficios para todos es porque estamos aquí, para poder cambiar su rumbo actual. Este es un diálogo en el que todos podremos ganar. Se trata de indagar cómo podemos dar una dimensión social distinta a lo que ocurre hoy en nuestros países con la globalización y sus impactos para los consumidores”.


Fernando Lamata,
Consejero de Sanidad y Consumo:

“La palabra cooperación es fundamental. La ley no es igual para todos: tenemos que seguir hablando de la justicia, que no haya dos varas para medir, ni ley del embudo. Este seminario tiene enorme importancia porque surge de la ciudadanía, no de los gobiernos. Los gobiernos solos no logran muchos cambios; sólo los esfuerzos colectivos”.


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En busca de la armonización legal
Divulgan estudios comparativos

Con el inicio del Diálogo Eurolatinoamericano en enero del año 2000 en Cartagena, Colombia, se puso en marcha un plan de acción centrado principalmente en los temas de legislación, alimentos y servicios públicos. Este plan contempló la formación de grupos técnicos de trabajo para llevar a cabo análisis comparativos sobre las tres materias mencionadas, cuyos resultados fueron dados a conocer en Toledo.

Los resultados de estos estudios permitirán diseñar propuestas para los diferentes sectores a fin de contribuir al desarrollo de una armonización de las normativas entre los países de la región y entre éstos y la Unión Europea.

También se divulgaron las actividades de dos grupos más dedicados a los tópicos de consumo y medio ambiente, y educación del consumidor.

Los grupos continuarán trabajando durante este año, realizando talleres y profundizando sus hallazgos. Se espera que su actividad continúe hasta el año 2003.


Legislación alimentaria

Aunque 15 países tienen regulaciones alimentarias, la legislación sobre alimentos de la mayoría de ellos está desactualizada, dice el informe entregado en Toledo por Pablo Guidarelli, de Acción del Consumidor, (ADELCO), quien coordinó la investigación en seis países de la región, a fin de identificar problemas y falencias en la legislación alimentaria.

Una armonización de esas legislaciones entre los países podría ayudar a garantizar la seguridad del consumidor ante los alimentos que consume, agrega el informe. La existencia de medidas de armonización de las legislaciones en materia alimentaria en el ámbito de los países que conforman el MERCOSUR, por ejemplo, son avances que requieren mayor fortalecimiento y voluntad política, “considerando los principios de la seguridad alimentaria”, agrega.

El 66% de los países estudiados tiene leyes específicas sobre alimentos (Brasil, México, Perú y Argentina), en tanto que todos tienen un marco regulatorio con diversidad de leyes y normas generales sobre el tema. Por otra parte, el 83% ha creado un Comité Nacional del Codex, y cinco de los seis países mencionados participa en comités globales de esa entidad de Naciones Unidas dedicada a normar los alimentos. Cuatro países (66%) tienen regulaciones respecto de los organismos genéticamente modificados, y más del 80% regula la producción orgánica.

El estudio recomendó a los gobiernos el diseño de políticas de regulación claras, la puesta en práctica de sistemas de vigilancia, el uso del sistema de análisis de riesgos y de los puntos críticos de control (HACCP), y el control de los límites a los contaminantes. A los productores y comercializadores, les sugirió la aplicación de buenas prácticas de manufacturas y el sistema HACCP, en tanto que a los consumidores les propuso trabajar por una mayor participación en los comités normativos y en los sistemas de vigilancia y control.

La investigación, involucró a organizaciones de consumidores de Bolivia (Comité de Defensa del Consumidor), Brasil (IDEC), México (Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor), Perú (Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios), y Uruguay (Centro de Estudios, Análisis y Documentación del Uruguay), y Argentina (Acción del Consumidor). (Más información: adelco@speedy.com.ar).


Los servicios públicos domiciliarios

Beatriz Buitrago, Directora de Consumidores Argentinos, presentó en Toledo los resultados de la investigación correspondiente a las prestaciones domiciliarias -agua, luz, gas y telefonía- de cuatro países de América Latina. El estudio fue realizado por organizaciones de Brasil (Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor), Colombia (Consumidores Colombia), Ecuador (Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios) y Argentina (Acción del Consumidor y Consumidores Argentinos).

El informe consideró las características de cada uno de los servicios públicos domiciliarios, país por país, concluyendo que las naciones analizadas se encuentran en distintos estadios de privatización y regulación de esas prestaciones y presentan realidades disímiles.

El estudio constató la inexistencia de una cultura regulatoria en Brasil, país donde las agencias reguladoras se crearon después de las privatizaciones “y, al año 2001, no están totalmente estructuradas, lo que les sirve a sus directores para justificar su ineficiencia”. Una situación similar ha ocurrido en Colombia, donde la entrada en funciones de los organismos de control fue posterior a las privatizaciones. En Argentina, la defensa del consumidor no figuró como un aspecto prioritario en el proceso de privatizaciones, “trayendo como consecuencia numerosas deficiencias y omisiones en los marcos regulatorios de los servicios domiciliarios”.

En Ecuador, por otra parte, varias normas contemplan los intereses de los usuarios de servicios públicos, incluido el derecho a acceso, aunque “ningún organismo de control sectorial prevé la participación de los representantes de los consumidores”. En este país, la Ley de Defensa del Consumidor cuenta con un capítulo específico sobre servicios públicos domiciliarios.

La realización de futuros talleres, continuará analizando las prestaciones domiciliarias en el marco del Diálogo Eurolatinoamericano. Al cierre de esta edición, se iniciaba uno de esos talleres en Lima (27 al 28 de junio), mientras que un segundo taller está planificado para llevarse a cabo los días 5 y 6 de septiembre próximo en Buenos Aires.
(Más información: consumidoresarg@consumidoresarg.com.ar).


Protección jurídica de los consumidores

De los 19 países que abarcó la investigación relacionada con la protección jurídica de los consumidores, se verificó que quince cuentan con leyes específicas de protección del consumidor.

Bolivia, Cuba y República Dominicana, carecen de este tipo de texto legal, en tanto que, en Guatemala, la Ley de Defensa del Consumidor, es una legislación que regula la fijación de precios máximos y que “ha sido derogada tácitamente casi en su totalidad”, de acuerdo al informe presentado en la reunión de Toledo.

El análisis halló que la mayoría de las leyes de defensa del consumidor son de orden público, en tanto que todas definen el concepto de consumidor y su interés social y establecen claramente los derechos de los consumidores.

No obstante, hay leyes que requieren un mayor desarrollo, como las de Honduras, El Salvador, Chile, Colombia y Venezuela, indica el informe, mientras que los textos legales de Perú, Costa Rica y Panamá profundizan en algunos temas, pero son débiles en otros. Las leyes más avanzadas de la región, de acuerdo al estudio, son las de Brasil, Ecuador, México, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Por otra parte, pocas leyes regulan la publicidad abusiva, y sólo algunas establecen normas concretas sobre la creación de organizaciones.

La protección de la salud y la seguridad de los consumidores, están contempladas en la mayoría de las leyes estudiadas, al igual que el derecho de los consumidores a la información, de acuerdo al informe. Sin embargo, la educación del consumidor, sólo es tratada por un escaso número de leyes (Argentina, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Perú).

Al grupo de trabajo le llamó la atención lo completo del texto legal de Ecuador, así como el hecho de que en Brasil se contemple que el arbitraje no se puede hacer en contra del consumidor.

La investigación fue realizada por un grupo coordinado por Giovanni Fletcher del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), e integrado por Wilma Chamorro, de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, Marcelo Sodré, del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC), y Fernando Romero, de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios.
(Más información: fletcher@watsonpanama.com).


Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela

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