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Consumidores/as, Justicia Social y Mercado Mundial
Declaración del XVI Congreso Mundial de Consumers International
(13 al 17 de noviembre de 2000, Durban, Sudáfrica)

El movimiento de consumidores/as inicia este milenio con un sólido compromiso hacia los principios fundamentales que nos inspiraron en el siglo XX. Nuestro movimiento no sólo está preocupado de que los consumidores/as obtengan productos seguros y de calidad a cambio de un precio justo, sino que sitúa los derechos y las opciones de los consumidores/as en un contexto de justicia social y económica para todos los seres humanos. La Carta de Declaración de los Derechos de los Consumidores/as de Consumers International y las Directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, patrocinadas por Consumers International, reflejan nuestra visión en cuanto a que la protección hacia los consumidores/as y sus derechos sólo podrán ser logrados como parte de una lucha global por la justicia para todas las personas.

En cada época, las políticas específicas que promueven nuestros principios fundamentales han ido evolucionado en la medida en que han cambiado las condiciones económicas, tecnológicas, políticas y sociales. Esta aproximación dinámica le ha permitido crecer a nuestro movimiento y mantener su relevancia, lo cual es más necesario aún en este nuevo milenio.

Reafirmamos nuestra dedicación al logro de una sociedad justa y equitativa para los seis mil millones de consumidores/as del mundo. Hay muchas políticas que nos ayudarán a lograr este objetivo.


En este Congreso Mundial hemos destacado los siguientes grandes problemas:

  1. Las economías de mercado liberalizadas a nivel nacional y global no erradicarán la pobreza por sí solas; de hecho, pueden empeorar la situación y exacerbar las desigualdades. Se necesitan medidas sociales y económicas para eliminar la pobreza. Nuestro movimiento, como parte de la sociedad civil, debe jugar un papel vigoroso en la superación de la pobreza y en la tarea de asegurar que las personas más pobres puedan satisfacer al menos sus necesidades básicas.
  2. Una serie de nuevos progresos científicos y tecnológicos han ido ocurriendo rápidamente y, en gran medida, definirán las oportunidades del próximo milenio. Nuestro movimiento debe apoyar aquellas políticas capaces de dirigir estos avances, aprovechando las oportunidades que ellas ofrecen y limitando sus potenciales efectos dañinos, para asegurar que tengan un impacto positivo en la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas.
  3. La economía de mercado globalizada ha fortalecido el poder de las empresas transnacionales y ha dado origen a instituciones mundiales con poca o ninguna responsabilidad hacia la comunidad y el interés público general. Los consumidores/as organizados deben trabajar como parte de un fuerte movimiento de participación ciudadana, que insista en que el mercado sirve a los derechos y a las necesidades humanas y en que los intereses humanos están en el centro mismo del quehacer de las empresas y del gobierno. La gobernabilidad de ambos -gobierno y empresas- debe mejorar.
  4. Los patrones de consumo y de producción tienen un impacto sobre el medio ambiente y en los derechos y necesidades de las personas como consumidoras tanto en el presente como en el futuro. Tomar conciencia de esto debiera llevarnos a establecer políticas que promuevan patrones de consumo y de producción sustentables y éticos.
  5. La corrupción y los precarios estándares de gobernabilidad reducen severamente el bienestar de los consumidores/as y comprometen el logro de sus derechos. Los gobiernos deben comprometerse a tomar medidas efectivas para erradicar la corrupción y fortalecer la gobernabilidad. El movimiento de consumidores/as debe aliarse a organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, dedicadas a controlar las prácticas corruptas y a mejorar la gobernabilidad.
Sentimos orgullo por el papel que las organizaciones de consumidores/as han desempeñado en todo el mundo en la lucha por un mercado justo y por justicia social y económica para todos. Nos congratulamos del papel que Consumers International ha jugado para ayudar a construir y fortalecer nuestro movimiento y para hacer escuchar su voz en foros regionales y globales. Estamos orgullosos de nuestra contribución a los valores de la sociedad civil, en un mundo que es cada vez más inhóspito para dichos valores.

Ahora, al entrar en el siglo XXI, nos comprometemos a seguir trabajando por esos objetivos y a actuar junto a otros grupos de interés público, porque todos somos consumidores/as y ciudadanos/as. Los grandes cambios ocurridos en las últimas décadas, han planteado enormes desafíos a nuestro movimiento, pero también nos han inspirado para desarrollar políticas y estrategias capaces de contribuir a hacer accesible la justicia social y económica a todas las personas.


El punto de partida esencial para las políticas de Consumers International se funda en los ocho derechos básicos de los consumidores/as. Éstos son:

  • derecho a la satisfacción de las necesidades básicas,
  • derecho a productos y servicios seguros,
  • derecho a ser informado/a,
  • derecho a elegir,
  • derecho a ser escuchado/a,
  • derecho a la compensación,
  • derecho a la educación de los consumidores/as, y
  • derecho a un medio ambiente saludable.
Con ocasión de nuestro primer Congreso Mundial en Africa, pedimos una atención particular a los problemas relativos al establecimiento de estos derechos en esta región, y lo necesario para asegurar que el proceso de globalización contribuya tanto a promover la justicia social como el desarrollo económico del continente.

Llamamos a los organismos internacionales y a los gobiernos a establecer e implementar planes y programas que reconozcan las necesidades particulares de Africa. Se deben tomar medidas que promuevan la democracia y que respeten los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, para combatir la corrupción, mejorar la gobernabilidad, reducir la carga de la deuda y promover un medio ambiente saludable y sustentable.


Políticas hacia los Consumidores/as

Las políticas que consideran los intereses de los consumidores/as pueden contribuir a la erradicación de la pobreza, a lograr gobernabilidad y mercados eficientes, así como a promover los derechos humanos. Todos los gobiernos debieran adherir activamente a los tres pilares fundamentales que sustentan las políticas hacia los consumidores/as (legislación y regulación, representación y fortalecimiento de los consumidores/as individuales). Las Directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor y las leyes modelos de Consumers International entregan orientaciones sobre algunos elementos necesarios para desarrollar estas políticas.

Todos los países debieran contar con una amplia legislación de protección a los consumidores/as efectivamente implementada, que incluya los medios necesarios para asegurar un debido acceso a la justicia. Se necesitan medidas específicas para proteger a los consumidores/as de los productos y las tecnologías peligrosas. Consumers International debería, en conjunto con sus miembros, estimular la introducción de legislación apropiada en los diversos países, y los gobiernos debieran realizar conferencias sobre la protección de los consumidores/as, de acuerdo con la Resolución 1990/85 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC).

En este contexto, los gobiernos y las agencias internacionales debieran:

  • trabajar para asegurar a todas las personas un acceso básico a los derechos de consumo,
  • tener una consideración especial con los consumidores/as vulnerables y desaventajados/as,
  • facilitar el financiamiento público de las organizaciones de consumidores/as, donde sea apropiado, sin comprometer su independencia,
  • asegurar la implementación y el seguimiento de las iniciativas internacionales en materia de comercio internacional de químicos (el proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y las Directrices de la ONU), plaguicidas (el código de conducta de FAO), y sustitutos de la leche materna (el código de la OMS),
  • terminar con las exportaciones de productos y procesos peligrosos, retirarlos del mercado apenas sean identificados y apoyar el principio que indica que los productos prohibidos lo sean tanto para el consumo doméstico como para las exportaciones,
  • tomar medidas para prevenir las exportaciones o transferencias de tecnologías de alto riesgo sin una adecuada evaluación de impacto y salvaguardas para consumidores/as y medio ambiente, estableciendo sanciones para quienes infrinjan esas normas, junto a una compensación adecuada para la/s parte/s afectada/s,
  • asegurar que la transparencia y la responsabilidad social prevalezcan en el uso de los recursos públicos,
  • apoyar y trabajar en forma conjunta para promover el acceso a la justicia, tanto a nivel nacional como internacional.
Consumers International y sus miembros deberían poner un énfasis especial en las necesidades y dificultades de los consumidores/as vulnerables y desaventajados/as, especialmente si se trata de personas pobres, mujeres, niños, personas de la tercera edad, indígenas y personas discapacitadas. Esta acción específica incluye:

  • elaborar distintos componentes para los proyectos y programas,
  • hacer lobby ante instituciones financieras multilaterales y las Naciones Unidas para que readecúen sus políticas y planes,
  • asegurar que las nuevas tecnologías beneficien directamente a los consumidores/as más vulnerables, y
  • presionar para que los grupos vulnerables y los consumidores/as desaventajados/as tengan una provisión adecuada de bienes y servicios y su integración en todos los aspectos de la vida.

Consumo Sustentable

El consumo sustentable, definido como la reducción del consumo superfluo y la promoción de productos y servicios más amigables hacia el medio ambiente, ha sido reconocido como una estrategia de importancia vital en el esfuerzo por construir una economía mundial más sustentable en los ocho años transcurridos desde la adopción de la Agenda 21.

Consumers International reconoce que muchos de los actuales patrones de consumo no se pueden mantener sin que se corra el riesgo de agotar los recursos naturales del planeta y causar un daño a largo plazo, incluso irreversible, al medio ambiente. La continuidad del desarrollo económico es necesaria para satisfacer las necesidades humanas. Sin embargo, se deben formular estrategias para mejorar la calidad de vida de los consumidores/as y, a la vez, preservar el medio ambiente y asegurar una distribución equitativa de los recursos mundiales.

Las organizaciones de consumidores/as pueden tener un papel clave en tomar la iniciativa y promover cambios en los patrones de consumo ya que cuentan con los medios para proveer información que permita a la población elegir de manera asertiva. Estas organizaciones deberían incentivar a los gobiernos y a la industria a adoptar políticas y métodos que promuevan el consumo sustentable, conforme a las nuevas secciones de las Directrices para la Protección del Consumidor de Naciones Unidas, adoptadas en 1999.

La industria, los gobiernos y -cuando corresponda- las agencias internacionales, deberían adoptar planes de acción para promover la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable.

Específicamente debieran:

  • cooperar con la tarea vital de erradicar la pobreza, como un requisito indispensable para generar un consumo sustentable,
  • desarrollar y aplicar tecnologías y métodos que sean ambientalmente sustentables, tanto para los consumidores/as pobres como para los más pudientes.
  • trabajar por metas obligatorias para lograr reducciones importantes y sustentables en las emisiones de los gases que provocan el efecto invernadero,
  • reducir la producción y el consumo de energía sucia y promover la oferta de fuentes de energía alternativas y sustentables,
  • promover sistemas y políticas de transporte y formas de desarrollo urbano que minimicen la dependencia de los vehículos motorizados de uso personal, en aquellos casos en que éstos contribuyan a aumentar los niveles de polución,
  • revisar de manera crítica los sellos ambientales existentes y los requerimientos exigidos para su utilización a fin de reducir su cantidad dejando sólo aquellos que sean confiables y reconocidos internacionalmente,
  • promover alternativas seguras y eficientes a los CFC, HFC y HCFC, que no dañen la capa de ozono y sean de bajo costo,
  • preservar la biodiversidad, los ecosistemas naturales y las fuentes de agua, e impulsar prácticas y políticas agrícolas y forestales sustentables,
  • romover la inversión en recursos renovables y políticas que influyan sobre la demanda.
Se alienta a Consumers International y a sus miembros a construir alianzas con organizaciones similares y a hacer lobby ante los gobiernos y las agencias internacionales para elevar el nivel del debate público y la conciencia social, apoyar políticas e influenciar a la opinión pública, con el propósito de:

  • fomentar las medidas mencionadas anteriormente y otras, que reduzcan el uso de recursos desechables y prevengan el daño al medio ambiente,
  • reducir el uso de recursos utilizados por los países desarrollados y por aquellos sectores de alto consumo en las naciones en vías de desarrollo,
  • apoyar la protección y los estándares medioambientales, asegurando que éstos no sean utilizados como barreras comerciales,
  • asegurar que se consideren las medidas de protección animal, y evitar que sean empleadas como barreras comerciales,
  • garantizar que los consumidores/as cuenten con información y educación confiable respecto de los impactos ambientales de sus decisiones de compra y sus estilos de vida,
  • formular una clara política de manejo de los aspectos de durabilidad en las pruebas comparativas, informar de sus actividades y velar por su cumplimiento,
  • generar apoyo público para las políticas gubernamentales antes mencionadas,
  • elevar la conciencia de los consumidores/as respecto de las prácticas de producción y comercialización que promueven expectativas y estilos de vida no consistentes con las políticas medioambientales sustentables.

Seguridad Alimentaria

El mundo cuenta con suficientes alimentos para sus habitantes, pero más de 800 millones de personas sufren hambre e inseguridad alimentaria. Consumers International reconoce que ésta se configura a partir de la disponibilidad, accesibilidad y la posibilidad de acceso económico a alimentos seguros para todas las personas.

La seguridad alimentaria es materia de preocupación para el movimiento de consumidores/as ya que todos los consumidores/as tienen derecho a alimentos suficientes y seguros. Para proteger este derecho, los gobiernos y las agencias internacionales deberían:

  • promover la seguridad alimentaria y mejorar el acceso a los alimentos,
  • prohibir el uso de patentes de propiedad sobre formas de vida que impidan el acceso a los agricultores y los consumidores/as e incrementen la dependencia de las economías en desarrollo,
  • dar prioridad a la producción de alimentos esenciales para el consumo doméstico y, donde sea necesario, asegurar que las políticas agrícolas se formulen para cumplir con las necesidades de los pequeños agricultores/as (de quienes depende la mayoría de los hogares de los países en desarrollo para sus necesidades y seguridad alimentaria) y de los consumidores/as de bajos ingresos,
  • apoyar una redistribución de las tierras que sea confiable, transparente y dirigida a las personas más desprotegidas,
  • impulsar y mejorar el acceso al crédito y a la asistencia técnica para los campesinos/as pobres,
  • minimizar los desperdicios en la producción y distribución alimentaria,
  • apoyar el desarrollo de sistemas nacionales de control alimentario que estén en línea con las normas internacionales, en interés de los consumidores/as locales, y que faciliten la participación en los mercados internacionales de alimentos,
  • respaldar las prácticas y políticas agrícolas sustentables,
  • fomentar las estrategias de comunicación que apoyen las elecciones informadas de los consumidores/as,
  • garantizar la seguridad de los alimentos,
  • incentivar y posibilitar la participación de los consumidores/as en el establecimiento de los estándares alimentarios nacionales e internacionales.
Consumers International y sus miembros deberían promover patrones locales y regionales de producción y consumo alimentario sustentable, por ejemplo incentivando el consumo de alimentos de estación y de alimentos orgánicos producidos localmente.

La seguridad alimentaria es, sobre todo, materia de salud pública. El principio precautorio debiera aplicarse cuando la evidencia científica no es lo suficientemente concluyente para establecer medidas de control basadas en una evaluación de riesgo confiable y precisa, y se deben tomar medidas a fin de proteger la salud pública, la seguridad pública o el medio ambiente. La ciencia es necesaria para tomar decisiones en el ámbito de la seguridad alimentaria, pero también deben considerarse otros factores legítimos como las preocupaciones económicas, los temas éticos, los impactos medio ambientales y los provechos que puedan obtener los consumidores/as del producto o proceso.

Consumers International y sus miembros reconocen que el uso de la biotecnología y de otras tecnologías alimentarias puede proporcionar importantes beneficios. Sin embargo, el uso de nuevas tecnologías ha planteado una serie de preocupaciones a los consumidores/as respecto de su seguridad para el consumo humano, las implicancias para el medio ambiente y sus potenciales impactos sociales y económicos. Con esto en mente, los gobiernos y las instituciones internacionales deberían:

  • requerir una completa evaluación previa a su comercialización y un análisis del impacto social y de seguridad de los alimentos genéticamente modificados y de aquellos producidos por otras tecnologías alimentarias, para asegurar que sean seguras, ambientalmente sustentables y aceptables para los consumidores/as, e imponer una moratoria al cultivo y a la comercialización de los alimentos genéticamente modificados hasta que lo anterior se verifique,
  • desistir de cualquier intento de intimidar a otros gobiernos que restringen o prohiben dichos productos, basados en sus leyes y evaluaciones de riesgo y beneficio,
  • prohibir el uso de hormonas y antibióticos como aditivos alimenticios y medicamentos veterinarios en la producción de alimentos, mientras su seguridad no haya sido probada. Si cualquiera de estos usos es permitido, se debe asegurar que los alimentos estén clara y explícitamente etiquetados,
  • fomentar la participación activa de las organizaciones de consumidores/as en la elaboración de políticas y asegurar la transparencia de las decisiones y de los intereses de las entidades encargadas de tomarlas,
  • exigir un etiquetado claro y explícito de los alimentos irradiados, de los genéticamente modificados y de otros cuya naturaleza o métodos de producción sean de importante preocupación para los consumidores/as,
  • promover métodos para combatir enfermedades ocasionadas por los alimentos que sean efectivos, seguros, de costo razonable, ambientalmente sustentables y aceptables para los consumidores/as.
Cualquier denuncia sobre salud alimentaria debiera ser claramente definida, fácil de entender, veraz y aplicable. Este tipo de denuncia debiera estar estrictamente regulada a nivel nacional, ser consistente con las estrategias de salud nacionales, incluyendo la política nutricional, y constituirse en apoyo de tales políticas y metas. Las denuncias de este tipo debieran estar acompañadas de una educación específica hacia los consumidores/as.

El uso excesivo e indiscriminado de plaguicidas plantea serias amenazas a la salud, a través del contacto directo en las comunidades agrícolas y mediante los residuos tóxicos en los alimentos. También puede afectar negativamente el desarrollo de la agricultura sustentable. Los gobiernos y las agencias internacionales debieran impulsar métodos de control de plagas que minimicen o eliminen el uso doméstico y urbano de plaguicidas en la producción de alimentos, e incentivar el uso de alternativas ecológicas confiables. La legislación nacional encargada de regular los residuos de plaguicidas debiera ser utilizada con criterios de salud pública.

Muchos plaguicidas son químicos peligrosos y la regulación de su comercialización y uso varía de país en país. El requerimiento de un Consentimiento Previo Informado (PIC) de los países importadores, debiera ser incluido en la legislación nacional, los acuerdos internacionales y el Código de Conducta de Distribución y Uso de Plaguicidas de la FAO.


Salud

Todas las personas deberían contar con los medios para satisfacer sus necesidades básicas de salud, así como tener acceso a a la atención necesaria para mantenerla.

Consumers International y sus miembros apoyan los objetivos y metas planteados por la Organización Mundial de la Salud en su documento estratégico "Salud para Todos". La salud primaria efectiva también debiera ser desarrollada de acuerdo con la declaración de Alma Alta.

Una acción capaz de contribuir a estos objetivos generales también es necesaria para las políticas específicas de salud, e incluye:
  • el desarrollo por los gobiernos de políticas que aseguren a la población un acceso universal a la salud,
  • la promoción de políticas racionales de medicamentos por los gobiernos, basadas en el concepto de medicamentos esenciales de la OMS. Todas las medicinas debieran tener un valor terapéutico significativo, cumplir con necesidades médicas reales, ser aceptablemente seguras y tener un precio justo. Estas políticas deberían estar acompañadas de programas que entreguen información independiente y científicamente confiable a los consumidores/as y a quienes prescriban medicamentos, para estimular un uso racional de las medicinas. Las organizaciones de consumidores/as deberían participar efectivamente en la definición, los procedimientos y el monitoreo de las políticas nacionales de medicamentos,
  • la especificación y promoción de los derechos de los pacientes,
  • la adopción y uso de los criterios éticos de la OMS para la comercialización de medicamentos entre los reguladores de la salud,
  • el apoyo a las campañas que combaten el uso del tabaco y su promoción, y el desarrollo y puesta en marcha de una Convención Marco en el control del tabaco. Se urge a los gobiernos a dejar de subsidiar la producción y exportación de tabaco, mediante la promoción de exportaciones alternativas. Una acción efectiva para reducir su uso incluye, entre otras: la prohibición de la publicidad y del auspicio que utilice productos, marcas o logos; la prohibición de fumar en lugares públicos y sitios de trabajo; el incremento de la educación en salud en relación a los peligros del tabaco; el aumento de los impuestos específicos para el tabaco; enérgicas advertencias respecto de los productos del tabaco; publicidad contraria y correctiva,
  • la aplicación completa del Código Internacional de Comercialización de Sustitutos de la Leche Materna de la OMS/UNICEF. Los gobiernos debieran condenar y restringir las prácticas que promuevan alimentos inadecuados para lactantes.
Consumers International y sus miembros deberían establecer alianzas estratégicas con gobiernos, redes de salud, institutos de investigación, organizaciones internacionales, los medios de comunicación y otros, para desarrollar proyectos tendientes a lograr estos objetivos de salud.


Comercio y Economía

La vida cotidiana de los consumidores/as está directamente afectada por las acciones de los gobiernos y de las instituciones internacionales respecto de la regulación y la liberalización del comercio, la inversión y las prácticas empresariales a nivel internacional. Los flujos financieros especulativos, la liberalización regional y multilateral del comercio, así como las fusiones y adquisiciones de empresas constituyen una preocupación especial.

Consumers International y sus miembros debieran buscar asegurar que los intereses y los derechos de los consumidores/as sean reconocidos y protegidos en los acuerdos económicos y comerciales.

Los gobiernos y las agencias internacionales deberían:

  • asegurar que las políticas económicas y comerciales se elaboren con la participación de todas las personas afectadas, incluidos los consumidores/as, y tomen en cuenta sus intereses,
  • asegurar que todos los gobiernos tengan la capacidad para representar y negociar en nombre de la ciudadanía de sus países,
  • condonar la deuda de los países menos desarrollados,
  • incentivar a la OMC y a otros organismos similares a operar de una manera abierta y accesible y a establecer consultas regulares y efectivas con grupos de consumidores/as y otras ONG,
  • reformar las políticas agrícolas proteccionistas cuyos caros excedentes son lanzados al mercado mundial,
  • Reafirmar el vínculo entre el Acuerdo de Propiedad Intelectual Relacionada al Comercio (TRIPS) y los acuerdos globales que protegen la biodiversidad, reconociendo que los derechos de los consumidores/as tienen prioridad sobre aquellos de las empresas en todo lo referido al acceso a los medicamentos, el hecho de patentar formas de vida, la biotecnología y la biodiversidad, y que los derechos de los agricultores y campesinos de los países en desarrollo deberían ser protegidos,
  • reducir las barreras arancelarias y no arancelarias que tengan un impacto negativo sobre los consumidores/as, y terminar con los acuerdos "voluntarios" que escapan de las reglas internacionales del comercio,
  • examinar los efectos de los movimientos globales de capital sobre las personas y los Estados nacionales, a través de la cooperación internacional, y buscar contrarrestar cualquier tipo de efecto negativo de tales movimientos que esté creando una mayor marginalidad y desigualdad,
  • introducir una legislación que fije estándares que las corporaciones internacionales deban cumplir, y acordar un marco para hacer un seguimiento de su comportamiento.
Las empresas deberían:

  • respetar los códigos de conducta voluntarios existentes, tales como las directrices para las empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Código de Ética sobre el Comercio Internacional de Químicos, los artículos pertinentes de la Agenda 21 y las Directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor,
  • comprometerse con las organizaciones locales de consumidores/as con el propósito de mejorar la transparencia de las operaciones empresariales y tener una mejor comprensión de las necesidades de los consumidores/as locales.
Consumers International y sus miembros deberían:

  • investigar el impacto de la liberalización del comercio sobre la vida cotidiana de los consumidores/as, incluyendo los efectos medioambientales y sociales y la inequidad,
  • trabajar con organizaciones internacionales como una manera de influenciar y aconsejar a los gobiernos sobre las políticas y prioridades de los consumidores/as,
  • promover el uso de las políticas de competencia que mejoran el bienestar nacional de los consumidores/as,
  • construir en las organizaciones miembros la capacidad de influir sobre las políticas nacionales de comercio y competencia.

Servicios Públicos

Los cambios en la administración y la regulación de las empresas de servicios públicos -agua, electricidad, gas y telecomunicaciones- y en las tecnologías que éstas utilizan, afectan directamente los precios, la calidad, el acceso y la confiabilidad de estos servicios y, de este modo, los derechos más fundamentales de los consumidores/as. Los intereses de estos últimos debería ser la principal preocupación en el proceso de planificar el futuro de estos servicios, incluida la decisión de privatizarlos.

Los requerimientos esenciales son: el acceso universal, incluyendo - en caso de ser necesario- programas especiales para abordar las necesidades de consumidores/as pobres, facturaciones exactas y formas de pago adecuadas, normas y estándares que aseguren la calidad, la durabilidad y la seguridad, la promoción para la conservación de energía, procedimientos amplios y justos para reclamos y denuncias, y una regulación independiente apoyada por una legislación efectiva.

La primera prioridad para todos los gobiernos debiera ser brindar agua potable, segura y económicamente accesible para todos los consumidores/as.

La privatización de los servicios no debería ser vista como necesaria. En algunos casos puede ser apropiada, pero seguramente no lo será si no existe legislación ni organizaciones de consumidores efectivas que protejan a los consumidores/as. En aquellos casos en que la privatización esté siendo considerada, los gobiernos deberían asegurar que los puntos de vista de la población local sean considerados para salvaguardar sus intereses y debieran estudiar otras alternativas. Las organizaciones de consumidores/as deberían tener un papel activo en los debates sobre las privatizaciones, las cuales deben ser transparentes e incluir el acceso público a los documentos relevantes.


Educación de los Consumidores/as

La educación de los consumidores/as es esencial para crear las habilidades y el conocimiento necesario entre los consumidores/as, permitirles usar sus recursos en forma efectiva e incrementar su conciencia respecto del amplio papel que tienen en la sociedad.

La educación de los consumidores/as no sólo trata los problemas individuales, sino que también se relaciona con temas tales como el consumo sustentable, la justicia social, los derechos humanos, los valores éticos y la superación de la pobreza. La educación de los consumidores/as contribuye a la formación de una ciudadanía participativa, crítica y competente.

A todos los gobiernos se les debe instar a incorporar la educación del consumidor como parte obligatoria del currículum de la enseñanza básica. Consumers International y sus miembros debieran promover la importancia de los programas de educación de los consumidores/as, tanto a nivel de gobiernos como de agencias internacionales, y desarrollar mayores contactos con los medios de comunicación para implementar dichos programas.

La cooperación internacional proporciona un valioso medio para aumentar la especialización y la información disponible para las organizaciones de consumidores/as y los educadores/as. Consumers International y sus miembros deberían continuar apoyando las redes de educación de los consumidores/as y explorar la posibilidad de crear y mantener:

  • una base de datos de material de educación de los consumidores/as, teniendo en cuenta la importancia de las publicaciones en varios idiomas,
  • un centro de entrenamiento para los activistas del tema de los consumidores/as y los funcionarios públicos, ubicado en un país en vías de desarrollo,
  • un acuerdo mundial con UNESCO e instituciones especializadas en la educación de los consumidores/as, para promoverla en tantos países como sea posible.
Los materiales sobre el tema patrocinados por las empresas pueden minar la educación eficaz de los consumidores/as. Un código de práctica y directrices para evaluar y enfrentar esta cuestión sería una valiosa herramienta.


Normas y Estándares Internacionales

Las normas y estándares internacionales tienen un impacto importante en el diseño seguro, el desempeño y la aptitud para los propósitos de productos y servicios y, por lo tanto, entregan salvaguardas y protecciones vitales para los consumidores/as. Estas normas y estándares son elaboradas por un gran número de organismos. Los estándares deben ser desarrollados considerando el uso efectivo que hacen los consumidores/as del producto y/o servicio, el rango de consumidores/as expuestos a ellos y las diferentes necesidades culturales y climáticas de la población de diversas regiones.

Los gobiernos debieran considerar la armonización de estándares sólo si existe un claro beneficio para los consumidores/as, y si el establecimiento de dichos estándares respeta debidamente los valores democráticos vigentes.

Consumers International y sus miembros deberían tener un papel activo en la normalización. Debieran participar en el desarrollo de las políticas de Consumers International y en comités técnicos que preparen estándares nacionales e internacionales en interés de los consumidores/as. Debieran actuar en cooperación con otros organismos internacionales representando a los consumidores/as. Todos los organismos responsables de fijar estándares debieran buscar y facilitar la participación de los representantes de los consumidores/as en sus labores.


Consumers International y sus miembros deberían:

  • establecer redes de discusión sobre la normalización (estandarización) internacional,
  • incrementar su trabajo en el Codex Alimentarius que -luego de la liberalización comercial y el establecimiento de la OMC- se ha convertido en un foco de elaboración de estándares alimentarios globales,
  • relacionarse de manera cercana con el órgano de la Organización Internacional para la Normalización (ISO/COPOLCO) encargado de los consumidores/as y con otros organismos regionales e internacionales pertinentes, con el propósito de lograr la representación de los consumidores/as en los comités de normalización que traten temas acordados como prioritarios para los consumidores/as,
  • buscar asegurar que todos los organismos de normalización operen de modo transparente y desarrollen sus estándares a través de un proceso de consenso claramente entendible, en el que haya participación de los consumidores/as.
Consumers International y sus miembros deberían incentivar a los gobiernos, a la Comisión del Codex Alimentarius, a la FAO y a la OMS, así como a otras organizaciones de normalización, en la medida de lo apropiado, a:

  • fortalecer y/o apoyar la participación de los consumidores/as en los organismos de normalización nacionales y sus comités,
  • asegurar una adecuada representación de los intereses de los consumidores/as y la provisión de fondos suficientes para posibilitar la participación de sus organizaciones en un adecuado trabajo de normalización, incluida la participación en talleres, seminarios y encuentros relevantes a nivel nacional, subregional y regional,
  • garantizar que los procesos de establecimiento de estándares sean transparentes y democráticos y cuenten con la participación plena de todos los países,
  • fortalecer y/o apoyar comités nacionales del Codex, con una activa participación de los consumidores/as,
  • aumentar la conciencia y la comprensión pública del Codex y de los procesos de normalización.

Pruebas Comparativas de Productos

Las pruebas comparativas de productos y la investigación han sido y continúan siendo parte esencial del trabajo de cada una de las organizaciones de consumidores/as y del movimiento de consumidores/as en su conjunto.

Consumers International debería estimular las actividades de investigación y testeo en diferentes regiones, mediante el intercambio de experiencias entre organizaciones dedicadas a esa tarea y grupos más nuevos en este quehacer, a través de programas de entrenamiento y planes estructurados regionalmente. Debería haber por lo menos una organización en cada región capaz de actuar como centro de coordinación del entrenamiento en testeo.


Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación

El desarrollo de la tecnología de la información y de los medios de comunicación escritos y de difusión entregan muchas oportunidades para el fortalecimiento de los consumidores/as y ayuda al trabajo de sus organizaciones.

Para que estos beneficios sean aprovechados, se debe asegurar el acceso a dichos medios y su regulación adecuada. El tema del acceso requiere particular atención a fin de garantizar que la tecnología de la información no promueva la marginación de los consumidores/as y de los países más desaventajados.

Consumers International y sus organizaciones miembros deberían buscar asegurar que los intereses de los consumidores/as estén efectivamente representados en aquellas agencias relacionadas con la tecnología de la información internacional y las políticas de los medios de comunicación, en particular en lo relativo a los temas de la privacidad, la regulación de la publicidad y los servicios que cruzan las fronteras nacionales y la regulación de los servicios interactivos. Los cambios en el sector de los medios de comunicación también deberían ser monitoreados, paralelamente a la elaboración de políticas que aseguren la diversidad en la propiedad de los mismos.

Debería establecerse una protección eficaz de los consumidores en las transacciones realizadas vía Internet, tan confiable y efectiva como la protección recibida en las transacciones tradicionales. Cualquier tipo de normativa legal en torno a Internet y el comercio electrónico, debería considerar el acceso, la privacidad, la seguridad, la resolución de disputas, y las normas y la jurisdicción aplicables.

En aquellos casos en que los derechos de los consumidores/as dependan de la adhesión a directrices de prácticas voluntarias, los consumidores/as necesitan estar en condiciones de reconocer los sitios y servicios de Internet que ofrezcan altos estándares de protección. Se debería apoyar el desarrollo de un esquema de certificación o etiquetado que sea internacionalmente reconocido.

Se debería desarrollar un mecanismo de arbitraje de compensación internacionalmente aceptado.

Se debería evaluar la factibilidad de crear una base de datos mundial computarizada, con programas de información que puedan ser compartidos por organizaciones de consumidores/as, y un servicio de guía sobre tecnología de la información para dichas organizaciones. Estos podrían cubrir información respecto de productos peligrosos.

Los niños/as requieren consideraciones especiales respecto de la publicidad, a partir del reconocimiento del principio establecido en la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que indica que los niños/as deben estar libres de cualquier explotación "perjudicial para cualquier aspecto relacionado con su bienestar".

Los órganos regulatorios, en consulta con las organizaciones de consumidores/as, deberían introducir una legislación que:

  • provea normas especiales para la publicidad dirigida a los niños/as o factible de ser vista por ellos/as, y
  • se refiera a la publicidad en todos los medios de comunicación y todas las técnicas y prácticas de publicidad y comercialización, incluyendo los clubes de niños, la radio y la televisión, los envases de productos, el correo directo, los auspicios e Internet.

Resoluciones separadas

1. Con la intención de brindar una conducta ejemplar, y en el interés de la salud pública y para promover un medio ambiente más sano, se prohibirá fumar en todos los futuros eventos organizados por Consumers International.

2. La Asamblea General de Consumers International que se reunió durante su XVI Congreso Mundial en Durban, Sudáfrica, reconoce la difícil situación de Africa y de otros países del mundo en el enfrentamiento del VIH/Sida, resuelve lo siguiente:

  • Los gobiernos tienen derecho a invocar resguardos que incluyan la entrega obligatoria de licencias, la importación paralela y el uso público no comercial de provisiones que garanticen el acceso a los medicamentos necesarios para proteger los derechos humanos básicos de la vida y la salud.
  • Las compañías farmacéuticas, así como los gobiernos de Africa y de otras partes del mundo, deben iniciar negociaciones inmediatas a fin de obtener licencias para medicamentos destinados al tratamiento del VIH/Sida a precios económicamente accesibles.

Aplicación de Políticas hacia los Consumidores/as

Consumers International reconoce la urgente necesidad de que la protección de los consumidores/as abarque a todas las personas, en particular a los grupos desaventajados y vulnerables, por lo que llama a los gobiernos y a las instituciones internacionales a:

  • implementar y adherir a las recomendaciones contenidas en las Directrices de Naciones Unidas para la Protección al Consumidor y en cláusulas similares incorporadas en otros acuerdos regionales o internacionales, y
  • proporcionar los resguardos necesarios, en particular a los consumidores/as vulnerables, contra los mercados ineficaces, desfavorables e injustos.
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