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XVII Congreso Mundial de Consumers International

El futuro de la protección del consumidor
Lisboa, Portugal
13 - 17 de octubre 2003

Declaración final

El movimiento de consumidores sitúa los derechos y opciones de los consumidores en un contexto de búsqueda orientada al logro de justicia social y económica para todos. Las Directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor1 promovidas por Consumers International, reflejan nuestra visión respecto de que los derechos y la protección de los consumidores representa una contribución significativa al logro de ese objetivo.

En nuestros 43 años de historia, las políticas específicas orientadas al logro de nuestros principios fundamentales han ido evolucionando de la misma manera como se han experimentado cambios en las condiciones económicas, tecnológicas, políticas y sociales. Este enfoque dinámico ha facilitado que nuestro movimiento crezca y mantenga su relevancia. Reafirmamos nuestro compromiso con el objetivo de contribuir a la creación de una sociedad justa y equitativa para los seis mil millones de consumidores del mundo.

En el XVII Congreso Mundial, hemos destacado los temas que se señalan a continuación:

1. La eliminación de la pobreza requiere de medidas sociales y económicas favorables. Nuestro movimiento, siendo un actor más de la sociedad civil, debería desempeñar un papel relevante en la contribución a la superación de la pobreza y en asegurar que la población más pobre sea capaz, al menos, de satisfacer sus necesidades básicas. Las economías de libre mercado, a nivel global y nacional, no favorecerán por sí solas la erradicación de la pobreza, más aún, pueden agudizarla y aumentar las desigualdades.

2. El desarrollo científico y tecnológico ha sido vertiginoso y determinará en gran medida las oportunidades que ofrezca el siglo veintiuno. Nuestro movimiento debe promover políticas que tomen en cuenta este desarrollo, que incluyan las oportunidades que ofrece y limite sus efectos potencialmente dañinos, de tal forma de asegurar que tenga un efecto favorable en la salud, el bienestar y la calidad de vida de todos los consumidores y las generaciones venideras.

3. La globalización de la economía de mercado ha fortalecido el poder de los intereses de las empresas globalizadas y ha creado instituciones que poco o nada responden a los intereses de la comunidad y del público en general. El movimiento de consumidores debe operar como parte de un movimiento ciudadano fuerte y participativo que insista que el mercado está al servicio de los derechos y necesidades humanas y que los intereses de las personas están emplazados en el centro de las actividades económico-empresariales y de gobierno. Ambas actividades, económicas y de gobierno, deben mejorar su gobernabilidad. Ha habido cierto progreso en este sentido gracias al desarrollo de códigos sobre responsabilidad social empresarial.

4. Los patrones de consumo y de producción producen diversos impactos sobre el medio ambiente de hoy y del futuro, y también sobre las necesidades y los derechos de los consumidores. Nuestro movimiento debe formular políticas orientadas a promover patrones de producción y de consumo éticos y sustentables.

5. La corrupción y los bajos estándares de gobernabilidad afectan negativamente el bienestar de los consumidores y compromete el ejercicio de sus derechos. Los gobiernos deben comprometerse a tomar medidas efectivas (como, por ejemplo, aumentar la transparencia) para erradicar la corrupción y fortalecer su capacidad de gobernabilidad. El movimiento de consumidores debe crear alianzas con organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional orientadas a ejercer un control sobre las prácticas corruptas y el mejoramiento de la capacidad de gobernabilidad.

Las políticas de Consumers International se fundamentan en los ocho derechos básicos de los consumidores. Estos son:

  • Derecho a satisfacer las necesidades básicas
  • Derecho a la seguridad
  • Derecho a estar informado/a
  • Derecho a elegir
  • Derecho a ser escuchado/a
  • Derecho a ser compensado/a
  • Derecho a la educación sobre consumo
  • Derecho a un medio ambiente saludable
Políticas de consumo

Todos los gobiernos deberían promover activamente los tres pilares fundamentales de las políticas del consumidor: legislación y normas, representación, empoderamiento del consumidor individual. Las Directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor y las Leyes Modelos de Consumers International2, entregan un marco de referencia sobre algunos de los elementos centrales de las políticas de consumo.

Todos los países deberían tener un cuerpo legislativo de protección al consumidor de amplio alcance, implementado con eficacia, y que incluya los medios que aseguren el acceso a la justicia. Además, se requieren medidas específicas para proteger al consumidor de productos y tecnologías peligrosas. Consumers International, trabajando con sus asociaciones miembros, debería promover la introducción de la legislación apropiada y los gobiernos deberían desarrollar discusiones públicas sobre la protección del consumidor de acuerdo a la Resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) adoptada en 1999.

De acuerdo al contexto general expuesto, los gobiernos y las agencias internacionales deberían:

  • Adherir e implementar las recomendaciones contenidas en las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor y aquellas cláusulas contenidas en otros convenios internacionales y regionales.
  • Entregar una atención especial a los consumidores vulnerables y desfavorecidos.
  • Trabajar para asegurar que todos tengan acceso a los derechos fundamentales del consumidor.
  • Facilitar el financiamiento público de organizaciones de consumidores cuando corresponda, sin comprometer su independencia.
  • Promover estrategias de información que apoyen la elección informada.
  • Proporcionar los resguardos necesarios, particularmente para los consumidores que están en desventaja, frente a mercados ineficientes, no equitativos e injustos.
  • Asegurar la implementación y el monitoreo de las iniciativas internacionales sobre comercio internacional de productos químicos (el Código de Ética del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA3, y la Agenda 214, Capítulo 19), y pesticidas (Código de Conducta de la FAO5).
  • Retirar los productos peligrosos del mercado tan pronto sean identificados, y asegurar que la prohibición de dichos productos sea aplicada tanto para el consumo doméstico como para la exportación.
  • Asegurar la evaluación apropiada de riesgos y la aplicación del principio de precaución antes de la introducción de nuevos productos o métodos de producción.
  • Tomar medidas para prevenir la exportación o transferencia de tecnologías de alto riesgo sin los resguardos y sin una evaluación adecuada sobre los impactos sobre los consumidores y el medio ambiente, penalizando a quienes no cumplan las normas, y compensar a las personas afectadas.
  • Asegurar que la transparencia y la responsabilidad prevalezcan en el uso de recursos públicos.
  • Apoyar y trabajar colectivamente para promover el acceso a la justicia, tanto a nivel nacional como internacional.
Consumers International y sus miembros deberían dar un énfasis especial a las necesidades y dificultades asociadas a los consumidores en situación de vulnerabilidad y desventaja, especialmente aquellos que viven en condiciones de pobreza, las mujeres, los niños, los ancianos, las etnias y las personas discapacitadas. Las acciones específicas en este campo son:

  • Elaborar componentes específicos en los programas orientados a estos grupos.
  • Negociar con instituciones financieras multilaterales y las Naciones Unidas para que consecuentemente readecuen sus políticas y planes.
  • Procurar que las nuevas tecnologías beneficien de manera directa a los consumidores más vulnerables.
  • Presionar para que los grupos vulnerables accedan a una adecuada provisión de bienes y servicios y promover su integración en todos los aspectos de la vida.
Los gobiernos deben introducir legislaciones que contengan el “derecho a saber” de los consumidores sobre los entes públicos y privados, con el deber de hacer pública cualquier información relevante para los consumidores sobre sustentabilidad o relacionada con productos y procesos a lo largo de la cadena de producción.

Consumo y producción sustentables

Históricamente el consumo sustentable ha sido definido como la reducción del consumo desmesurado y la promoción de un consumo de productos y servicios más racional desde el punto de vista ambiental. Desde la adopción de la Agenda 21 en 1992, esta definición ha sido considerada como un elemento fundamental en los esfuerzos que se realizan para construir una economía global sustentable.

Más recientemente, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable (CMDS) realizada en Johannesburgo en 2002, estableció que “la erradicación de la pobreza, los cambios en las formas de consumo y producción y la protección y el manejo de los recursos naturales como fundamento del desarrollo social y, económico, representan los objetivos esenciales necesarios para un desarrollo sustentable"6. El Plan de Acción de esa Cumbre reconoce que "es indispensable que las sociedades modifiquen radicalmente sus prácticas de consumo y producción para alcanzar un desarrollo sustentable"7.

Consumers International reconoce que la erradicación de la pobreza depende de factores críticos tales como alcanzar prácticas de consumo y de producción sustentable que incorporen el pleno acceso a la salud y la educación, así como también mejorar el estado en que se encuentra nuestro medio ambiente. Trabajar para provocar el cambio fundamental requerido implica enfrentar el desafío de asegurar que el crecimiento económico no aumente los procesos de degradación social y ambiental en concordancia con el principio de responsabilidad común pero diferenciada. Durante los próximos años, el movimiento de consumidores tendrá un papel central en el enfrentamiento de este desafío.

Las organizaciones de consumidores pueden desempeñar un importante papel encabezando y promoviendo cambios en las prácticas de consumo; además, poseen los medios para entregar a los consumidores información que les permita a éstos hacer sus elecciones de manera informada. Estas organizaciones deberían estimular a los gobiernos y a las empresas a adoptar políticas y métodos que promuevan una producción y consumo sustentables, de acuerdo a lo señalado en el Capítulo III sección G de las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor. En este contexto, Cl valora el compromiso suscrito en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable sobre el desarrollo de un conjunto de programas en un período de 10 años que aborden el consumo y la producción sustentable, así como la promoción activa de la responsabilidad empresarial y la transparencia mediante el desarrollo e implementación de acuerdos y medidas intergubernamentales. CI también valora el compromiso de acelerar la aplicación de la Sección G como parte del programa de 10 años adoptado en la Cumbre (el llamado "Proceso de Marrakech").

Específicamente, empresas, gobiernos, sociedad civil y, cuando corresponda, agencias intergubernamentales, deberían adoptar planes de acción para promover la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Además, deberían:

  • Cooperar en la tarea vital de erradicar la pobreza, dado que este es un requisito indispensable para instalar prácticas de consumo sustentable.
  • Desarrollar y utilizar tecnologías y métodos sustentables para los consumidores pobres y no pobres del mundo.
  • Promover la conservación de las fuentes de agua de parte de la industria, la agricultura y los consumidores domiciliarios.
  • Impulsar políticas y sistemas de transporte, así como estrategias de desarrollo urbano, que reduzcan la dependencia del uso de vehículos motorizados privados en ciudades con altos niveles de polución ambiental.
  • Desarrollar sistemas de información que proporcionen al consumidor información sobre el origen y antecedentes sobre la sustentabilidad de productos y servicios, señalando los aspectos sociales y ecológicos de su cadena de producción. Al mismo tiempo se deben revisar críticamente los sellos ambientales existentes y reducir su número dejando sólo aquellos que sean confiables y que tengan reconocimiento internacional. Las reglas de la Organización Mundial de Comercio no deberían interferir con la distribución de este tipo de información hacia los consumidores.
  • Promulgar, aplicar y promover leyes que exijan que todas las empresas y entidades registradas tengan mecanismos para minimizar y supervisar deshechos.
  • Proteger la capa de ozono con medidas seguras, eficientes, alternativas y de bajo costo para reemplazar los CFC, HFC y HCFC.
  • Impulsar la biodiversidad, los ecosistemas naturales y las fuentes de agua, y promover la agricultura, la pesca, y las prácticas y políticas forestales sustentables.
La provisión de energía es de importancia fundamental para el bienestar público y de los consumidores de todo el mundo, en particular para las necesidades de los países en desarrollo.

Se deberían fortalecer los esfuerzos para:

  • Trabajar para implementar metas obligatorias que logren reducciones importantes en la emisión de gases de efecto invernadero, asignadas de acuerdo a principios de equidad global.
  • Reducir el despilfarro tanto en la producción como en el consumo de energía y promover la provisión de fuentes de energía alternativas y sustentables.
  • Promover la inversión en recursos renovables.
  • Reducir el uso de recursos tradicionales no renovables de energía como los hidrocarburos, particularmente madera de sistemas de silvicultura insustentables.
  • Promover la entrega de préstamos y sistemas de micro-créditos para estimular la inversión en tecnología para la energía sustentable.
Se requiere la acción de los sectores gubernamentales y empresariales. Sin embargo, se necesita activar la demanda por energías renovables de parte de los consumidores. Consumers International y sus asociaciones miembros se comprometen a motivar a los consumidores a pedir y usar energía renovable. En particular, se promoverá la necesidad de incrementar el uso de energía renovable en todos los foros nacionales e internacionales apropiados. En la aplicación de las políticas adecuadas, se deben considerar precios sustentables y lo más bajos posibles, así como el acceso universal a la provisión de energía. Se requiere una distribución equitativa de los costos entre los consumidores industriales y domiciliarios, así como medidas especiales para proteger a quienes tienen un menor acceso.
Consumers International y sus miembros deben promover la constitución de alianzas con organizaciones cuyos objetivos sean semejantes, y establecer relaciones con los gobiernos y agencias internacionales con la finalidad de provocar una mayor concientización y debate público para apoyar políticas e influir en la opinión ciudadana con el propósito de:

  • Promover las medidas mencionadas anteriormente.
  • Reducir el uso de recursos por los países desarrollados y por los sectores de mayor consumo en los países en desarrollo.
  • Apoyar las medidas y estándares de protección ambiental, asegurando que no se abuse de ellas utilizándolas como barreras comerciales.
  • Asegurar que se tomen medidas de protección de la fauna y que no se abuse de ellas utilizándolas como barreras comerciales.
  • Asegurar que los consumidores accedan a información y a educación respecto del impacto ambiental y social de sus decisiones de compra y estilos de vida.
  • Formular políticas claras sobre el manejo de pruebas comparativas y monitoreo, y mantener estas políticas en práctica.
  • Aumentar la conciencia de los consumidores respecto de prácticas productivas y comerciales que promueven estilos de vida y expectativas no coherentes con una política medioambiental adecuada.
Seguridad e inocuidad alimentarias

El mundo posee alimentos suficientes para toda su población. Sin embargo, más de 800 millones de personas sufren hambre e inseguridad alimentaria. Para Consumers International la seguridad alimentaria implica que todas las personas cuenten con acceso a alimentos inocuos, nutritivos, culturalmente aceptables y a un precio accesible para todas las personas.

La seguridad alimentaria es una de las principales materias de preocupación para el movimiento de consumidores, puesto que todos los consumidores tienen derecho a una alimentación suficiente e inocua. Para promover el ejercicio de este derecho, los gobiernos y las agencias internacionales deben:

  • Promover la seguridad alimentaria y mejorar el acceso a los alimentos, garantizando el cumplimiento de los resguardos contenidos en las normas de la OMC y en el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad; este Protocolo debería ser reconocido con la misma fuerza legal que las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
  • Priorizar la producción y el mercadeo de alimentos de primera necesidad para el consumo doméstico.
  • En los casos en que sea necesario, se debe asegurar que las políticas agrícolas sean formuladas considerando las necesidades y los derechos de los pequeños agricultores (éstos representan la principal fuente de alimentos y sustento de la mayoría de los hogares en los países en desarrollo) y de los consumidores de bajos ingresos.
  • Prohibir el uso de patentes sobre formas de vida, en particular sobre las variedades de plantas que constituyen alimentos básicos para los consumidores en los países en vías de desarrollo.
  • Promover un mejor acceso de la población rural de bajos ingresos a sistemas de créditos de pequeña escala y a asistencia técnica.
  • Apoyar procesos transparentes de redistribución de tierras a nivel nacional centrado en la población más vulnerable.
  • Buscar minimizar el desperdicio en la producción y distribución alimentaria y mejorar las condiciones de reciclaje de la basura.
  • Apoyar el desarrollo de sistemas nacionales de control alimentario coherentes con la normativa internacional, que favorezcan los intereses de los consumidores locales y que faciliten la participación en los mercados internacionales de alimentos.
  • Apoyar políticas y prácticas agrícolas sustentables adaptadas al territorio y clima.
  • Apoyar el desarrollo de sistemas de producción de alimentos a nivel local.
  • Garantizar que los alimentos sean inocuos y etiquetados de tal forma que el consumidor no sea engañado.
  • Promover y facilitar la participación del consumidor en la elaboración de normas alimentarias a nivel nacional e internacional. (Ver sección "Estándares y normas internacionales").
Consumers International y sus miembros deben fomentar activamente la producción y el consumo sustentable de alimentos, por ejemplo a través del consumo de alimentos orgánicos, alimentos de temporada, y la producción y consumo de productos de comunidades agrícolas locales y/o regionales. No obstante, no se debe descuidar el consumo masivo.

La inocuidad alimentaria es, sobre todo, un tema de salud pública. El principio de precaución debe aplicarse cuando la evidencia científica no ofrezca pruebas concluyentes para establecer medidas de control basadas en una evaluación adecuada y precisa de los riesgos. En virtud del principio señalado, se deben tomar medidas con el propósito de proteger la salud y la seguridad pública y/o medioambiental. No sólo es necesario contar con fundamentos científicos para tomar decisiones seguras, sino que también se debe considerar factores no científicos, como preocupaciones económicas, aspectos éticos, impacto ambiental y beneficios potenciales del proceso y/o producto para los consumidores.

Consumers International y sus miembros reconocen que el uso de la biotecnología y las nuevas tecnologías de alimentos pueden, bajo condiciones específicas, proporcionar importantes beneficios, tales como reducir el uso de pesticidas o aumentar la resistencia a los cambios climáticas. No obstante, las nuevas tecnologías han originado muchas preocupaciones en los consumidores respecto de su seguridad para el consumo humano, los efectos en el medio ambiente y su potencial impacto social y económico. Por ejemplo, la biotecnología puede aumentar la dependencia de los agricultores de grandes capitales externos y correr el riesgo de sufrir efectos secundarios en el rendimiento y calidad de los cultivos.

Teniendo en consideración estos elementos, los gobiernos e instituciones internacionales deben:

  • Exigir una evaluación completa de los alimentos genéticamente modificados antes de su lanzamiento al mercado, así como mediciones sobre su impacto social y en la salud de los consumidores considerando las directrices adoptadas por la Comisión del Codex Alimentarius en junio de 2003. Debería imponerse una moratoria sobre el cultivo y la comercialización de nuevos alimentos genéticamente modificados y sobre las donaciones de alimentos transgénicos como ayuda alimentaria, hasta que esa medición se haya efectuado. Mientras tanto, los agricultores deberían ser protegidos de la diseminación de semillas transgénicas.
  • Adoptar la misma política ante otras tecnologías alimentarias para asegurar que estos procesos sean inocuos, ambientalmente sustentables y aceptables para los consumidores.
  • Abstenerse de ejercer cualquier forma de intimidación hacia gobiernos que restringen o prohíben estos productos basados en sus leyes y evaluaciones de riesgos y beneficios.
  • Prohibir el uso de hormonas y medicamentos veterinarios en la producción de alimentos mientras su inocuidad no haya sido probada. No obstante, si esto ocurre, los alimentos deben tener un etiquetado claro y explícito a fin de que los consumidores puedan evitar este tipo de productos.
  • Prohibir el uso de antibióticos como aditivos alimenticios con propósitos no terapéuticos.
  • Promover una activa participación de las organizaciones de consumidores en la elaboración de políticas, asegurando la transparencia de las decisiones y de los intereses de quienes las toman.
  • Exigir un etiquetado claro y explícito de alimentos irradiados, genéticamente modificados y otros alimentos cuyos métodos de producción generen preocupación, tales como los señalados anteriormente.
  • Promover métodos para combatir las enfermedades transmitidas por los alimentos que sean efectivos, seguros, de bajo costo, ambientalmente sustentables y aceptables para los consumidores.
Toda aseveración sobre salud alimentaria debe ser claramente definida, de fácil comprensión, cierta y exigible. Deben estar estrictamente reguladas a nivel nacional y ser consistentes con las políticas de salud nacionales, incluyendo políticas de nutrición, y apoyar estas políticas y sus metas, además de incorporar iniciativas específicas de educación del consumidor. No deberían permitirse las declaraciones sobre salud que contradigan orientaciones dietéticas establecidas, incluidos los productos altos en grasa, azúcar y/o sal.

El uso excesivo e indiscriminado de pesticidas plantea una seria amenaza a la salud por el contacto directo con ellos en las comunidades agrícolas y por la presencia de residuos tóxicos en los alimentos. Esta práctica también puede socavar el desarrollo de una agricultura sustentable. Los gobiernos y las agencias internacionales deben promover métodos de control de plagas que disminuyan o eliminen el uso de pesticidas en los hogares, en las ciudades y en la producción de alimentos, e incentivar alternativas ecológicamente adecuadas. Las legislaciones nacionales sobre los residuos de pesticidas deberían elaborarse sobre la base de criterios sanitarios.

Muchos pesticidas son químicos peligrosos y la reglamentación de su comercialización y uso varía de un país a otro. El requisito de consentimiento previo informado de los países importadores debería incorporarse a los marcos legislativos nacionales, en los acuerdos internacionales y en el Código de Conducta de la FAO sobre distribución y uso de pesticidas.

Salud

Todos los consumidores deben contar con los medios para satisfacer sus necesidades básicas a fin de vivir una vida sana y tener acceso a un sistema de salud para mantenerla.

Consumers International y sus miembros apoyan los objetivos definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su documento: Una política de Salud para todos en el siglo XXI8. Debería ponerse en práctica sistemas eficaces de salud primaria, en concordancia con la Declaración de Alma Ata9.

Para contribuir al logro de estos objetivos, se necesitan acciones en políticas específicas de salud, tales como:

  • Desarrollar políticas gubernamentales a nivel nacional que garanticen el acceso universal de sus ciudadanos al sistema de salud.
  • Elaborar políticas racionales de medicamentos por los gobiernos, basadas en el concepto de Medicamentos Esenciales de la OMS10. Todos los medicamentos deberían tener un valor terapéutico significativo, responder a necesidades médicas reales, ser aceptablemente inocuos y tener un costo razonable. Estas políticas deberían complementarse con programas independientes de información basados en evidencia científica calificada orientados al consumidor y a quien prescribe un medicamento para fomentar su uso racional. Las organizaciones de consumidores deberían participar de manera efectiva en la definición, normativa y monitoreo de las políticas nacionales sobre medicamentos.
  • Definir y promover los derechos de los y las pacientes.
  • Adopción y uso en la OMS, y entre los organismos reguladores del sistema de salud, de criterios éticos para la comercialización de medicamentos11.
  • Apoyo de las asociaciones miembros de CI a campañas contra el consumo y producción del tabaco, particularmente a la ratificación, la implementación y el monitoreo de la Convención Marco sobre Control del Tabaco12. Se demanda a los gobiernos que eliminen el subsidio a la producción y explotación de tabaco y promuevan alternativas. Las acciones efectivas para reducir el consumo de tabaco incluyen: excluir la industria tabaquera de la formulación de políticas sobre salud pública, prohibir la publicidad y los auspicios que utilicen sus productos, nombres de marcas o logotipos relacionados con el tabaco; prohibir fumar en lugares públicos y de trabajo; incrementar la educación sobre los peligros del tabaquismo; aumentar los impuestos al tabaco y hacer fuertes advertencias sobre los peligros para la salud en los productos tabacaleros e instalar contra-publicidad y publicidad correctiva. (En el espíritu de practicar lo que predicamos, nuestra política para los eventos organizados por CI es que éstos sean zona libre de fumadores).
  • Respaldar la promoción e implementación de la Estrategia Global sobre Dietas, Actividad Física y Salud de la OMS para la prevención de las enfermedades no transmisibles;
  • Plena implementación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna de la OMS13 y subsecuentes resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. Los gobiernos deben condenar y restringir las prácticas que promueven alimentos no adecuados para los lactantes. Urgimos a los gobiernos, a las empresas y a otras instituciones y organizaciones a crear un ambiente apropiado para la lactancia materna.
Consumers International y sus miembros deben establecer alianzas estratégicas con los gobiernos, redes de salud, institutos de investigación, organismos internacionales, medios de comunicación y otras organizaciones para desarrollar programas de trabajo orientados a lograr estos objetivos de salud.

Reiteramos nuestra preocupación expresada por la Asamblea General de CI en Durban en el año 2000, que reconoce la petición de aquellos países que enfrentan el flagelo del VIH/SIDA. Desde entonces ha habido un limitado progreso en las negociaciones en torno al Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC/TRIPS) y salud pública. Creemos que las compañías farmacéuticas y los gobiernos deben implementar acuerdos para facilitar la provisión de medicamentos contra el VIH/SIDA a precios accesibles.

En general, consideramos que:

  • Los gobiernos tienen derecho a invocar medidas para garantizar el acceso a los medicamentos esenciales necesarios para proteger la salud pública. Entre estos resguardos están: las licencias obligatorias, las importaciones paralelas y las disposiciones de uso público no comercial, las cuales garantizan el acceso a los medicamentos esenciales para proteger la salud pública básica.
  • Los gobiernos deberían tener el derecho a determinar las circunstancias bajo las cuales se otorgan las licencias obligatorias.
Economía y comercio

La vida cotidiana de los consumidores en todo el mundo es afectada de manera directa por las acciones que emprenden los gobiernos e instituciones internacionales para regular y liberalizar el comercio, regulando el comercio de bienes e información a través de las reglas de propiedad intelectual, la inversión y las prácticas comerciales internacionales. Las corrientes financieras especulativas, junto con las adquisiciones y las fusiones corporativas, son temas de preocupación especial.

Consumers International y sus miembros deben procurar que los intereses y los derechos de los consumidores sean reconocidos y protegidos en el comercio internacional y en los acuerdos económicos. Los gobiernos y las agencias internacionales deben:

  • Asegurar que las políticas económicas y comerciales se elaboren con la participación y la incorporación de los intereses de todos los sectores involucrados, incluyendo a los consumidores.
  • Garantizar que todos los gobiernos tengan la capacidad de representar y negociar en beneficio de sus ciudadanos.
  • Condonar la deuda externa de los países menos desarrollados.
  • Estimular a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a otros organismos similares a funcionar de manera abierta y accesible y a establecer un sistema de consulta regular y efectivo con grupos de consumidores y otras ONG.
  • Manifestar su apoyo a la creación de un orden comercial multilateral justo y eficiente no negociando acuerdos comerciales regionales o bilaterales que de manera inequitativa direccionan el comercio de los países en desarrollo y transfieren ingresos14 hacia los países desarrollados (por ejemplo, tratados de propiedad intelectual o de inversión).
  • Reducir las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio (especialmente el aumento escalonado de aranceles) que ejercen un impacto negativo en los consumidores y eliminar los acuerdos "voluntarios" que están fuera del marco normativo del comercio internacional.
  • Reformar las políticas agrícolas proteccionistas, reduciendo progresivamente los subsidios que distorsionan el comercio y eliminar la práctica de saturar los mercados mundiales con productos excedentes de alto valor a un menor costo (dumping). Creemos que se podría continuar apoyando las políticas que no distorsionan el comercio, el medio ambiente y el desarrollo rural.
  • Implementar la eliminación progresiva del Acuerdo sobre los Textiles y Vestimentas cuyo lento progreso actúa en detrimento de las economías de los países en desarrollo y de los consumidores de todo el mundo.
  • Terminar con el abuso proteccionista de las acciones anti-dumping.
  • Reevaluar el vínculo entre acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales de propiedad intelectual, incluyendo el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y los acuerdos internacionales para proteger recursos genéticos vegetales, medioambientales, salud, acceso a tecnologías, conocimientos tradicionales, educación y biodiversidad, reconociendo que los derechos de los consumidores y de los agricultores en los países en desarrollo deben tener prioridad sobre los intereses empresariales en cuanto al acceso a los medicamentos, las patentes sobre formas de vida, la biotecnología y la biodiversidad y que deben protegerse los conocimiento tradicionales y los derechos de los agricultores.
  • Decretar reglas de propiedad intelectual para incrementar el acceso a -y el uso de- información para ejercer los derechos básicos de los consumidores (por ejemplo, los consumidores no deberían ser menoscabados en relación a materias como el trato justo, los software de código abierto o gratuitos no deberían ser amenazados por las patentes, y los consumidores deberían poder usar libremente la “tecnología de circunvención”15 para fines legítimos).
  • Examinar, a través de la cooperación internacional, los efectos del movimiento de capital a nivel global sobre poblaciones y países, buscando contrarrestar cualquier efecto negativo que provoquen y que creen más marginalidad y desigualdad.
  • Legislar un conjunto de normas que las corporaciones transnacionales deban cumplir y acordar un marco para monitorear su comportamiento.
  • Revisar el impacto del acuerdo de la OMC sobre Medidas de Inversiones Relacionadas al Comercio (conocido por TRIMS, en su sigla en inglés).
Las empresas deben:

  • Respetar los códigos de conducta voluntarios existentes, tales como las Directrices para Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico16 (OCDE), el Código de Ética sobre el Comercio Internacional de Productos Químicos, los artículos pertinentes de la Agenda 21 y las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor.
  • Comprometerse con las organizaciones de consumidores para mejorar la transparencia de las operaciones comerciales y lograr una mejor comprensión de las necesidades de los consumidores a nivel local.
Consumers International y sus miembros deben:

  • Investigar los impactos de la liberalización económica y comercial en la vida cotidiana de los consumidores, incluyendo sus efectos ambientales y sociales y las desigualdades.
  • Trabajar con organizaciones internacionales como una forma de influir y asesorar a los gobiernos y a otros organismos sobre políticas hacia el consumidor y sus prioridades.
  • Promover el uso de las políticas de competencia que aumentan el bienestar del consumidor nacional e internacionalmente, en particular respecto de los carteles multinacionales de “línea dura” que controlan el mercado.
  • Capacitar a las organizaciones de consumidores para que influyan en las políticas nacionales e internacionales de comercio y competencia.
Servicios públicos

Los cambios en la administración y en la regulación de los servicios públicos -agua potable, energía eléctrica, gas, transporte público, servicios postales y telecomunicaciones- así como en la tecnología que utilizan, afectan de manera directa su valor, calidad, confiabilidad y accesibilidad, influyendo en los derechos fundamentales de los consumidores. El interés del consumidor debería ser la principal preocupación en la proyección futura de estos servicios, más aún cuando se trata de decidir sobre su privatización.

Los requisitos esenciales son: acceso universal, incluyendo –si es necesario- programas especiales para cubrir las necesidades de los consumidores pobres; cobros exactos y formas de pago convenientes; normas formales y públicas para asegurar la calidad, la durabilidad y la seguridad del servicio y una especial atención a la mantención de largo plazo de la red de infraestructura del servicio; la promoción de la conservación de la energía y del agua; procedimientos justos y completos frente a reclamos y demandas, y un sistema independiente de regulación de precios y estándares de desempeño basados en una autoridad legal efectiva, independiente del propietario del servicio. Debería existir participación y representación de los consumidores en los procesos regulatorios y, asimismo, en el monitoreo de los servicios.

Es previsible que en el futuro la mayoría de los servicios de agua y alcantarillado sean suministrados por el sector público. El derecho a la satisfacción de las necesidades básicas incluye el derecho al agua. La primera prioridad de todos los gobiernos debería ser asegurar que toda la población tenga acceso al agua potable y al alcantarillado. Los subsidios deberían focalizarse en los consumidores de bajos ingresos.

Cuando la privatización tiene lugar, siempre debería estar precedida por una legislación que efectivamente proteja a los consumidores, así como por la creación de instituciones y regulaciones. Sin lo anterior, será difícil tener éxito. Los gobiernos deben asegurar que los puntos de vista de las comunidades locales hayan sido adecuadamente considerados para proteger sus intereses, y las diversas alternativas hayan sido estudiadas con detención. Las organizaciones de consumidores deberían desempeñar un papel activo en los debates sobre la privatización, los cuales deberían ser transparentes e incluir el acceso público a los documentos relevantes. Estos documentos deberían dar a conocer materias como la política de precios y los costos y la adjudicación de contratos antes y después de la concesión. Cuando los gobiernos se comprometen a operar en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) ofreciendo utilidades por la liberalización, deben retener para sí el derecho de regular el sistema.

Educación de los consumidores

La educación de los consumidores es esencial para transferir las capacidades y el conocimiento que los empoderará y habilitará para que utilicen sus recursos de manera efectiva y aumenten su conciencia respecto del amplio papel que desempeñan en la sociedad.

La educación de los consumidores no está orientada solamente a tratar los temas del consumidor como individuo, sino que también desarrolla contenidos como el consumo sustentable, la justicia social, los derechos humanos, valores éticos y la erradicación de la pobreza. La educación de los consumidores contribuye a formar ciudadanos participativos, críticos y competentes.

Todos los gobiernos deberían ser urgidos a incorporar la educación de los consumidores como una materia obligatoria en el currículum escolar, y asegurar que se lleve a cabo en las aulas. Los profesores deberían ser capacitados para entregar los conocimientos que necesitan los consumidores, y se debería proveer material de enseñanza que describa el punto de vista de los consumidores. Consumers International y sus asociaciones miembros deberían publicitar la importancia de la existencia de programas de educación del consumidor entre los gobiernos y las agencias internacionales y desarrollar más contactos con los medios de comunicación para utilizarlos como instrumentos para desarrollar los programas de educación.

La cooperación internacional entrega medios valiosos para aumentar la experiencia e información disponible para las organizaciones de consumidores y educadores. Consumers International y sus miembros deberían continuar el apoyo a las redes de educación del consumidor y fomentar el uso del banco de material didáctico que ya ha sido establecido, teniendo presente las publicaciones en múltiples idiomas. También se requiere:

  • Un centro de capacitación para activistas y funcionarios, con sede en un país en desarrollo, y
  • Un acuerdo mundial con UNESCO e instituciones especializadas en educación del consumidor para promoverla en la mayor cantidad de países posible.
El patrocinio de empresas a materiales educativos puede restar efectividad a la educación de los consumidores, por ejemplo, la promoción comercial de productos en el contexto de programas educativos. Un código de prácticas y/o directrices para evaluar y contrarrestar este tipo de conflicto de intereses sería una herramienta valiosa.

Estándares y normas internacionales

Los estándares y las normas generan un importante impacto en la seguridad del diseño, el comportamiento y la idoneidad de los productos y los servicios; por ello entregan garantías vitales de protección a los consumidores. El desarrollo de estándares y normas internacionales es una herramienta esencial para la protección del consumidor en el contexto de una economía globalizada. Estos estándares y normas son establecidos por un número importante de instituciones.

Los estándares deben elaborarse considerando el uso actual que hacen los consumidores, la diversidad de consumidores expuestos al producto y las diferentes necesidades culturales y climáticas de los consumidores en diferentes regiones. Se requiere una atención especial para asegurar que no se los utilice como barreras engañosas.

La armonización de los estándares sólo debería realizarse cuando el beneficio para los consumidores es claro y donde se entiende que el proceso para fijar una norma debe respetar los valores democráticos.

Consumers International y sus miembros deben asumir un activo rol en la normalización. Deberían participar en la promoción de las políticas de Consumers International en comités técnicos, preparando estándares nacionales e internacionales que incluyan los intereses de los consumidores. Deberían actuar en cooperación con otros organismos que representen a los consumidores. Todas las instituciones responsables de fijar normas deberían buscar y facilitar la participación de los representantes de los consumidores en su trabajo. Consumers International y sus miembros deben:

  • Establecer redes internacionales de discusión sobre normalización.
  • Continuar su trabajo en el Codex Alimentarius, que ha llegado a ser el lugar de convergencia para fijar normativas alimentarias luego de la liberalización del comercio y de la creación de la OMC.
  • Relacionarse estrechamente con el Comité de Políticas de Consumo (COPOLCO) de la Organización Internacional para la Normalización (ISO, en su sigla en inglés) y con otros organismos internacionales y regionales pertinentes, con el propósito de alcanzar la representación de los consumidores en los comités de normalización que abordan temas de reconocida prioridad para los consumidores; por ejemplo, Consumers Internacional y ANEC, la voz europea de los consumidores en la normalización han realizado este tipo de acuerdo.
  • Buscar la forma de asegurar que todos los organismos de normalización operen con prácticas transparentes y desarrollen normas a través de un proceso de consenso de fácil comprensión y que involucre a los consumidores. La experiencia de la representación de los consumidores en el Codex debería ser utilizada para guiar las prácticas en otros sectores.
Consumers International y sus asociaciones miembros alientan a los gobiernos, a la Comisión de Codex Alimentarius, a la FAO, a la OMS y otras organizaciones de normalización a:

  • Fijar y/o apoyar la participación de los consumidores en los Organismos Nacionales de Normalización y sus comités.
  • Asegurar la adecuada representación de los intereses de los consumidores y proveer los fondos que permita a las organizaciones de consumidores participar en trabajos de normalización, incluyendo su participación en talleres nacionales, subregionales y regionales, seminarios y reuniones.
  • Asegurar el desarrollo de procesos democráticos y transparentes en la construcción de normas y la plena participación de todos los países.
  • Establecer y/o apoyar Comités Nacionales del Codex con la activa participación de consumidores.
  • Aumentar la conciencia y la comprensión de la ciudadanía en torno al Codex y los procesos de normalización.
Pruebas comparativas de productos

Las pruebas comparativas de productos siguen siendo un componente esencial del trabajo de las organizaciones y del movimiento de consumidores.

Consumers International debe buscar la forma de estimular las actividades de investigación y las pruebas comparativas en las diferentes regiones a través del intercambio de experiencias entre las organizaciones que hacen este trabajo y los nuevos grupos de consumidores, mediante programas de capacitación y programas regionales.

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) y medios de comunicación

El desarrollo de nuevas tecnologías de la información y su convergencia con los medios de comunicación ofrece oportunidades para empoderar a todos los consumidores y apoyar el trabajo de sus organizaciones.

Para aprovechar estos beneficios, se debe garantizar el acceso y la reglamentación adecuada, con especial atención en asegurar que las TIC no contribuyan a aumentar la marginalidad de los países y de los consumidores pobres. Para ello, el ADPIC debe ser modificado para permitir el uso de material protegido con derechos de autor tales como programas de computación y otros materiales, en términos favorables para propósitos educativos.

CI y sus organizaciones miembros deberían buscar abrir plataformas técnicas que garanticen el acceso indiscriminado de todos los consumidores hacia redes, información y contenidos. Esto requiere del desarrollo de estándares internacionales para hardware y software que sean interoperables. Para asegurar la posibilidad del acceso universal y prevenir la emergencia de una línea divisoria digital, se deberían ofrecer servicios con descuentos a los consumidores de bajos ingresos. Los gobiernos deberían intervenir financiando directamente el establecimiento de sitios públicos en las comunidades a los cuales tengan acceso aquellas personas que no pueden hacerlo desde sus casas.

Consumers International y sus miembros deberían asegurar que los intereses de los consumidores estén adecuadamente representados en las agencias internacionales que están directamente relacionadas con políticas de información, tecnologías de la comunicación y políticas de los medios de comunicación, en especial en lo relativo a los temas de protección de la privacidad, regulación de la publicidad y el comercio (y servicios) electrónico transfronterizo y la regulación de los servicios interactivos. También se debe monitorear la evolución de la propiedad de los medios de comunicación, además de identificar políticas que aseguren su diversidad.

Se debería establecer un sistema efectivo de protección de los consumidores para las transacciones realizadas a través de internet o plataformas de distribución similar; éstas deberían ser tan efectivas y confiables como las asociadas a los sistemas tradicionales de transacción. Accesibilidad, privacidad, seguridad, resolución de disputas, leyes y jurisdicción aplicables a todas las formas de comercio deberían incorporarse en una normativa legal.

En contextos donde los derechos del consumidor dependen de la adhesión voluntaria a orientaciones sobre las mejores prácticas, los consumidores deben ser capaces de reconocer espacios de intercambio virtual y servicios similares que les garanticen un alto nivel de seguridad.

Se debería continuar con el desarrollo de mecanismos independientes de resolución de disputas.

Se debería evaluar la viabilidad de crear una base de datos global con información sobre programas que pueden ser compartidos entre organizaciones de consumidores. Un aspecto de la información que pudiera contener es la relativa a productos peligrosos.

Los niños merecen una consideración especial respecto de la publicidad, reconociendo el principio planteado en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas17, en lo relativo a que los niños deben vivir libres de cualquier tipo de explotación que sea perjudicial para su bienestar.

Los entes reguladores, en consulta con las organizaciones de consumidores, deberían introducir una legislación que:

  • Provea reglas especiales respecto de la publicidad dirigida a los niños o que puede ser vista por ellos, y
  • Abarque la publicidad en todo tipo de medio de comunicación; técnicas y prácticas de comercialización que pueden incluir clubes infantiles, televisión y radio, envases, auspicios de eventos e internet, entre otras.
Con el propósito de proteger a los niños y a los jóvenes de material potencialmente dañino que se encuentra en la red, CI solicita a los proveedores de los servicios de la red que utilicen tecnologías que clasifiquen el contenido de dichos sitios, a fin de que los padres puedan fijar el navegador ya sea para permitir o impedir el acceso de los niños a sitios específicos de la red.


Conclusión



Estamos orgullosos del papel que las organizaciones de consumidores han venido desempeñado en todo el mundo en la lucha por un mercado equitativo y por lograr justicia social y económica para todos. También estamos orgullosos del papel que Consumers International está desarrollando en la construcción y en el fortalecimiento de nuestro movimiento, y por el apoyo brindado para llevar nuestra voz a foros regionales y mundiales, así como por nuestra contribución al desarrollo y a la promoción de los valores de la sociedad civil.

Todavía resta mucho por hacer.

Lisboa, octubre de 2003.
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