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Acuerdos concretos y tareas para todos
Alimentos: seis países se agregan a la investigación sobre marcos regulatorios
Protección jurídica: surgen temas nuevos
Servicios públicos: combatir el doble estándar
COCO: Modelo y dobles estándares en los servicios públicos
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Diálogo Eurolatinoamericano
2003: el año de las propuestas

Este año culmina el proyecto del Diálogo Eurolatinoamericano iniciado en el año 2001

Enero, 2003.- Alrededor de julio próximo se conocerán las propuestas finales para armonizar la legislación en los temas de alimentación, servicios públicos y protección jurídica entre los países de la región, y entre éstos y los países europeos, culminando así el proyecto del Diálogo Eurolatinoamericano iniciado en 2001 en Cartagena de Indias, Colombia.

Una conferencia internacional realizada en esa ciudad colombiana ese año reunió a organizaciones de consumidores europeas y latinoamericanas las que decidieron iniciar un trabajo conjunto a fin de armonizar la legislación en los tres temas citados entre los países de la región y entre éstos y los europeos.. También se incluyó la decisión de estudiar la posibilidad de armonizar temas nuevos, actualizar la Ley Modelo de Protección de los Consumidores de Consumers International elaborada en 1994, y elaborar una Ley Modelo para los Servicios Públicos Domiciliarios.

Desde el lanzamiento del proyecto se han llevado a cabo varios estudios específicos y reuniones de análisis y seguimiento del trabajo emprendido (ver Consumidores y Desarrollo N° 3, 2002).

En abril de 2002 se dieron a conocer los resultados de estudios comparativos de los marcos regulatorios de los tres temas seleccionados, lo que permitió –entre otras cosas- saber con qué contaba cada uno de ellos en las legislaciones nacionales. Tras la realización de varios talleres ese año, se afinaron nuevos planes de trabajo para el último tramo del proyecto, el cual concluirá aproximadamente a mediados de 2003.


Posible encuentro en Lisboa

Las propuestas finales para los temas de protección jurídica, alimentación y servicios públicos serán presentadas en seminarios específicos para cada área temática. El módulo de Alimentación realizará un taller en Ecuador en marzo próximo, culminando su trabajo en un seminario a mediados de ese año; el módulo de protección jurídica tendrá su ultima actividad probablemente en Berlín, y el de Servicios Públicos lo tendrá tentativamente en Ecuador. Es muy posible que todos los grupos puedan reunirse en octubre próximo, durante la realización del XVII Congreso Mundial de CI en Lisboa, Portugal.

Pese a que el proyecto termina, el diálogo como instancia de intercambio entre las organizaciones de consumidores de la Unión Europea y América Latina proseguirá. En la actualidad, dice Antonio Serra coordinador del proyecto por la oficina regional de CI, la mayoría de las organizaciones de consumidores de la región tiene relaciones más fluidas con sus homólogas europeas, aspecto que habría sido fomentado por el proyecto del Diálogo Eurolatinoamericano. Paralelamente, han surgido nuevos proyectos entre América Latina y la UE.

Todo el trabajo en torno al proyecto, incluidas las propuestas finales y otros informes, será compilado y publicado una vez que las actividades previstas hayan concluido.

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Acuerdos concretos y tareas para todos

Fuerte compromiso de las organizaciones en los encuentros realizados por los grupos de protección jurídica, servicios públicos y alimentación en los últimos meses

Septiembre 2002.- Más de 30 organizaciones de consumidores involucró la más reciente actividad de los grupos creados hace dos años en Cartagena de Indias por Consumers International y la Unión Europea para estudiar la forma de armonizar sus legislaciones en alimentos, protección jurídica y servicios públicos.

Los talleres realizados por tres grupos conformados por europeos y latinoamericanos sobre esos temas entre agosto y septiembre, profundizaron el trabajo que llevan a cabo desde la reunión de Cartagena, y que este año tuvo un hito importante cuando en abril dieron a conocer los resultados preliminares de sus investigaciones en Toledo, España. (ver Consumidores y Desarrollo N° 2, 2002).

La fase actual ha permitido incorporar nuevas organizaciones en algunos casos, determinar prioridades y calendarizar un trabajo que deberá culminar en 2003, cuando se divulgue el resultado final de las investigaciones en torno a las posibilidades de la armonización legal en esos temas.

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Alimentos: seis países se agregan a la investigación sobre marcos regulatorios

La venta callejera de alimentos, la ayuda alimentaria, la biotecnología y la agricultura orgánica, fueron las prioridades establecidas por organizaciones de consumidores de Centroamérica y el Caribe en un taller realizado en la capital dominicana los días 6 y 7 de septiembre pasado.

En Santo Domingo se sumaron los estudios comparativos de los marcos regulatorios de seis países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana) a los que inicialmente conformaban la investigación preliminar (Argentina, Bolivia, Brasil, México, Perú y Uruguay), con lo que la investigación en materia alimentaria involucra ya a 12 países.

También fue acordado un plan de trabajo para incidir en el establecimiento de regulaciones alimentarias nacionales, y se decidió una estrategia subregional para la participación de los consumidores en los acuerdos de integración o de libre comercio que consideren temas alimentarios, tales como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). También se acordó estar atentos para incidir a nivel subregional en acuerdos globales como los aprobados por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La investigación final culminará el próximo año y deberá identificar fortalezas y debilidades de los marcos regulatorios desde la perspectiva de los consumidores y formular propuestas y estrategias para fortalecer estos marcos a nivel nacional y regional.


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Protección jurídica: surgen temas nuevos

Una docena de juristas, miembros de organizaciones de consumidores latinoamericanas y europeas, se reunieron los días 28 y 29 de agosto en Santiago de Chile para evaluar las áreas temáticas factibles de armonización legal entre América Latina y Europa, e indagar sobre los mecanismos de resolución de conflictos de los consumidores, entre otras materias.

El grupo seleccionó una serie de temas sobre los que proseguirá su investigación. Entre ellos están la actualización de la Ley-Modelo de Protección de los Consumidores, elaborada por la oficina regional de Consumers International en 1994, y los medios alternativos de resolución de conflictos. Paralelamente, se acordó elaborar un prototipo de artículo constitucional que consagre expresamente los derechos de los consumidores en la Constitución de cada uno de los países de América Latina y el Caribe y también de la Unión Europea. Hasta ahora, doce países de la región han considerado estos derechos a nivel constitucional (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela).

Los abogados, provenientes de organizaciones de consumidores de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Panamá, Perú y Uruguay, determinaron la necesidad de incorporar al análisis una serie de nuevos temas presentes en la vida nacional de los países de ambas regiones aún no regulados o definidos y/o que carecen de figuras legales. Entre ellos, están las bases de datos con información de los consumidores, el comercio y la firma electrónica, el tiempo compartido, la situación de las mujeres y de los consumidores vulnerables (niños, adultos y personas discapacitadas).

Un calendario futuro orienta la continuidad del debate hasta 2003.


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Servicios públicos: combatir el doble estándar

Continuando con la tarea de investigar las posibilidades de armonizar la legislación sobre servicios públicos domiciliarios en América Latina, representantes de unas once organizaciones de consumidores latinoamericanas y europeas se reunieron los días 5 y 6 de septiembre en Buenos Aires para identificar temas, metodología y responsables del trabajo a realizar.

Las principales materias seleccionadas fueron Derechos y obligaciones, Solución de conflictos, Acceso a la información (tarifas y subsidios), Estándares de calidad del servicio, Participación y representación, Acceso-Cobertura, Responsabilidad social de las empresas, Contratos, Competencia y Tarifas y subsidios.

Cada organización elaborará un estudio sobre el tema elegido, el que posteriormente intercambiarán entre ellas para hacer sugerencias. Finalmente, la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios elaborará el borrador con todas las investigaciones temáticas, cuya versión definitiva se espera esté lista el 1 de abril próximo.

El grupo también debatió las formas de combatir el doble estándar de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios –es decir, el comportamiento de estas empresas en sus países de origen versus su conducta en los países de América Latina-, lo que incluyó la presentación de un mapa con las inversiones extranjeras en la región.

Tras una serie de temas expuestos en el debate por las organizaciones, tales como contratos de prestación de los servicios, tarifas y ética de las empresas, se decidió centrar el estudio en los sectores de electricidad y agua, enfocado en los contratos de prestación de los servicios de electricidad y el acceso y cobertura (tarifas, subsidios y obligaciones de las empresas).

El taller, que contó con la presencia de organizaciones de Argentina, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Dinamarca, Uruguay e Italia, seleccionó además a tres compañías transnacionales como objeto de estudio: Unión Fenosa, Vivendi y Suez Lyonnaise des Eaux.
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